El 3 de marzo, recordamos la masacre de Vitoria-Gasteiz de 1976: la represión policial contra una asamblea de trabajadores en huelga en la iglesia de San Francisco de Asís (Zaramaga), que terminó con cinco obreros asesinados y más de un centenar de heridos.
Nombramos y honramos a las víctimas mortales: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral.
Y que no se olvide, la intervención fue ejecutada por la Policía Armada. Señalamos a los responsables políticos de dicha masacre fueron en última instancia, los titulares de los ministerios actuantes en este conflicto:
– Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación (en Alemania durante los sucesos).
– Adolfo Suárez, «ministro de jornada», que era el encargado de cubrir ausencias de otros y de asumir responsabilidades, y por tanto sustituto de Fraga en esos momentos.
– Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales
– Alfonso Osorio, ministro de Presidencia.
Como se puede imaginar, el gobierno fascista español, jamás depuró responsabilidades y a día de hoy sigue sin hacerlo, en una muestra más de lo que es la «democracia española» de la que tanto presumen y han presumido en su alternancia en el gobierno español, UCD (partido que fundaron, entre otros, Adolfo Suárez, llegando este a ser presidente del gobierno español y Martín Villa, ministro en el gobierno de Suárez, y a la postre responsable directo del intento de asesinato de Antonio Cubillo a manos de miembros de la policía armada asesina española, esbirros del gobierno heredero del fascismo, partido que se negó a declarar a los asesinados y a los heridos como víctimas de terrorismo, declarando que merecían ser considerados como víctimas de motivación política) y PP (partido fundado y presidido durante muchos años por Fraga Iribarne, uno de los principales responsables políticos de la matanza,; y del que formó parte tras abandonar UCD debido a su debacle electoral en 1982, Martín Villa).
Cincuenta años después, sigue siendo una herida abierta porque no hubo condenas por aquel operativo y tampoco dimitieron los responsables políticos, consolidándose una sensación de impunidad que marcó la memoria obrera de la Transición.
Por eso hoy no solo recordamos: exigimos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para que nunca más el ejercicio de derechos fundamentales y laborales sea respondido con violencia institucional.
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